Urge plantear un modelo específico de gestión pública para este espacio, pues resulta evidente que el planteamiento actual no está funcionando.

El Mar Menor duele. Duele mucho. Se trata de uno de los espacios más emblemáticos de nuestra Región y un elemento imprescindible de nuestra identidad. Dejarlo morir supondría un fracaso para la sociedad murciana y la vergüenza por perder este ecosistema sería un golpe difícil de gestionar para nuestra maltrecha autoestima colectiva.

Y no sería solo por la propia muerte del Mar Menor, sino por el hecho de que, viéndolo venir, no hubiéramos sido capaces de poner todos los medios a nuestro alcance para revertir la situación.

El Plan de Vertido Cero, desarrollado desde el año 2013 por los técnicos del Ministerio junto con la Comunidad Autónoma y la CHS, y con las aportaciones de todas las entidades sociales, dejó de ser válido para el Gobierno de España formado en 2019, que encargó a los mismos técnicos hacer un nuevo plan que tardarán otros tantos años en tramitar. Desde entonces, los ciudadanos asistimos impotentes a una batalla de partidos y al imperativo de la política y el cálculo electoral por encima de los criterios técnicos, mientras cada día el Mar Menor va perdiendo un poco de vida.

Lo que encoge el corazón no es solo ver el lamentable estado en que se encuentra el Mar Menor, sino saber que, después de 7 años desde que la laguna entró en una “grave eutrofización y colapso ambiental” (MITECO), no existe un proyecto concreto, ni un modelo de liderazgo para llevarlo a cabo.

El colapso del Mar Menor ha evidenciado el problema real: la inexistencia de un sistema de gobernanza de este territorio. Urge plantear un modelo específico de gestión pública para este espacio, pues resulta evidente que el planteamiento actual no está funcionando. En este artículo pretendo hacer una propuesta en este sentido.

En las últimas semanas he tenido la oportunidad de estudiar una institución que considero un ejemplo de gestión del territorio: la Autoridad Portuaria de Cartagena. Este organismo público que tiene como misión la gestión del Puerto de Cartagena, un espacio muy complejo donde confluyen tres dimensiones, la económica, la urbana y la medioambiental, que no solo están conviviendo en equilibrio, sino que todas ellas están creciendo y desarrollándose.

Por un lado, la actividad portuaria y el Valle de Escombreras son un motor de actividad económica y empleo en la Región, que cuenta con la Autoridad Portuaria como impulsor de la competitividad y el crecimiento de sus empresas.

Por otro, aunque la razón de ser de la Autoridad Portuaria es principalmente económica, la ciudad de Cartagena también se beneficia de su actividad, tanto por la llegada de turistas a través de los cruceros como por los proyectos de desarrollo urbano que está promoviendo en estrecha colaboración con el Ayuntamiento.

Finalmente, los continuos proyectos de desarrollo medioambiental promovidos por la Autoridad Portuaria, además de ayudar a reducir el impacto de la actividad del Puerto, están impulsando la biodiversidad tanto terrestre como marina y protegiendo la calidad de las aguas.

El éxito del modelo de gestión de la Autoridad Portuaria de Cartagena pasa, desde mi punto de vista, por dos claves: su configuración política y su autonomía competencial, técnica y económica.

En relación con la primera hay que destacar que, aunque la Autoridad Portuaria depende de la Administración General del Estado, su presidente lo elige la Comunidad Autónoma y en su Consejo de Administración se integran representantes de las tres administraciones territoriales, así como entidades sociales, empresariales y sindicales. Esto obliga a su presidente a tener un claro perfil de gestión manteniéndose ajeno a la contienda política.

En segundo lugar, es una entidad que tiene asignadas directamente las competencias de gestión del dominio público portuario, disponiendo además de técnicos y presupuesto propios, lo que le da una gran autonomía para el desarrollo de todo tipo de proyectos.

Sería interesante plantear para el Mar Menor la creación de un organismo con una estructura política, competencial, técnica y económica similar, con un proyecto más híbrido en sus objetivos, donde lo económico, lo cultural y lo natural estuvieran más equilibrados.

¿Te imaginas una Autoridad del Mar Menor que tuviera un responsable y que no entrara en batallas políticas? ¿Y que esa Autoridad tuviera un proyecto para el Mar Menor? ¿Que su actuación permitiera impulsar y proteger la flora y la fauna, el litoral, las aguas y el acuífero? ¿Que fuera un estímulo para mejorar la agricultura de la zona? ¿Que impulsara el turismo y el comercio en el entorno? ¿Que fuera un aliado para los municipios, promoviendo el desarrollo urbano, la actividad cultural, el ocio y el deporte en el Mar Menor?

Sinceramente, aunque suene utópico, crear una Autoridad del Mar Menor es algo perfectamente realizable. El Puerto de Cartagena, a escasos kilómetros de la laguna, es una realidad y un caso de éxito. No hace falta inventar nada nuevo. ¿No te parece?